Kelly A. Floyd (socio) — también Marlene C. Nowlin (socia) e Isabella H. Constantino
Finch, Thornton & Baird, LLP
Bufete con sede en San Diego —y oficinas también en Bellevue (Washington) y Eagle (Idaho)— dedicado exclusivamente al derecho de la construcción, con una práctica propia de cobranzas cuya lista de servicios es la del lado impagado: aviso de suspensión de pago (stop payment notice), fianza de cumplimiento (performance bond), fianza de pago (payment bond), gravamen de constructor (mechanic's lien) y resolución de disputas. Actúa por el lado de quien reclama el pago: entre sus resultados publicados está el de un subcontratista al que el contratista general le negó el pago final de una obra de 49 apartamentos alegando cargos en contra sin sustentar, y el bufete demandó al contratista y al dueño de la obra por incumplimiento de contrato y ejecución del gravamen de constructor de su cliente; también publica cobros de retenciones y reclamos contra fianza de pago y stop notice en obra pública. Pero actúa también en el lado contrario: esa misma página de cobranzas tiene un apartado de «Collections Defense» en el que ofrece estrategias de defensa frente a reclamos de pago de subcontratistas de nivel inferior, y el bufete mantiene además una práctica aparte de defensa de seguros, así que al llamar diga desde el principio que usted es el que reclama el pago, porque puede haber conflicto si ya representan al contratista o al dueño de su obra. Pida por nombre a Kelly A. Floyd —el único de los tres abogados con español en el sitio cuya lista de práctica incluye cobranzas— porque el bufete no tiene páginas en español ni se anuncia así; es un despacho comercial de cobro por hora, sin consulta gratis ni tarifa de contingencia anunciadas, de modo que espere un anticipo (retainer), y no se demore en llamar: pregunte en esa primera llamada qué plazo corre en su caso para el aviso de suspensión de pago, la reclamación contra la fianza o el gravamen de constructor.
Datos verificados el 2026-10-03 en el sitio del bufete y en el registro del colegio de abogados del estado, cuando ese registro admite consulta.